El Consejo de Ministros aprobó el 1 de febrero el Anteproyecto de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. La nueva Ley de Vivienda define un marco común para regular la vivienda en el territorio nacional y serán las comunidades autónomas las que la materialicen a nivel autonómico. La ley se centra especialmente en los inmuebles en régimen de alquiler, por el que introduce conceptos como el control de precios o las zonas tensionadas.
Declaración de zona tensionada
Se considerarán zonas tensionadas aquellas ciudades en las que los precios del alquiler han subido excesivamente en los últimos años, provocando que parte de la población se marche al no poder pagar estos precios. Para ello, se tendrán en cuenta dos factores. El primero, que el coste de la hipoteca o el alquiler más los gastos de suministros básicos sobrepasen el 30% de los ingresos medios de los hogares. El segundo, que el precio de compra o alquiler de viviendas se haya incrementado más de un 5% por encima del IPC en los últimos cinco años en la comunidad autónoma correspondiente.
Las administraciones competentes en materia de vivienda de las comunidades autónomas serán las que puedan solicitar la declaración de zona tensionada. Esta declaración se prorrogará anualmente con un límite de tres años. Además, debe acompañarse con un plan específico para corregir la situación.
Grandes tenedores y límites en las subidas del alquiler
La nueva Ley de Vivienda también denomina a los grandes propietarios de inmuebles como grandes tenedores. Englobará a toda persona física o jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o cuya superficie construida supere los 1.500 m2 de uso residencial.
Sin embargo, el control de precios solo se aplicará a los grandes tenedores de carácter jurídico como pueden ser fondos de inversión o entidades bancarias. A la hora de alquiler un inmueble, si el propietario es una persona jurídica gran tenedor y la zona está declarada como tensionada, podrá limitarse la subida de su precio. El límite estará marcado por el precio del contrato anterior o, en su defecto, por el límite máximo del precio aplicable según el sistema de índices de precios de referencia que se determine.
Medidas sociales, más vivienda protegida y lucha contra los desahucios
La nueva Ley de Vivienda pretende que el 30% del suelo de las nuevas promociones se reserve a vivienda protegida. Esta reserva de vivienda protegida podrá desarrollarse en una localización diferente a la promoción siempre y cuando el suelo se encuentre en la misma localidad.
Asimismo, el anteproyecto establece el concepto de sinhogarismo con el objetivo de que las comunidades realicen medidas específicas para asegurar el derecho a la vivienda para las personas sin hogar y su plena inclusión.
Tras la aprobación del Consejo de Ministros, la nueva Ley de Vivienda inicia su tramitación parlamentaria. Por lo que, de momento, se desconoce cuándo entraría en vigor. La intención del Gobierno es que se apruebe antes de finalizar el año 2022, motivo por el que se tramitará por el procedimiento de urgencia. Una vez entre en vigor, se contarán con 18 meses para que la administración establezca el sistema de índices de referencia para los precios del alquiler de las zonas tensionadas.
